Con desviaciones y evasivas responden denuncias Ambientales en caso Teleferico

Luego de hacer pública la denuncia de la ausencia de los permisos de Ocupación de Territorio y de Afectación de Recursos en la obra de reconstrucción del teleférico de Mérida han sido numerosas las reacciones de funcionarios públicos vinculados al tema.

El 5 de junio de 2012 en la plenaria de asamblea nacional, donde se debatía sobre el tema ambiental en general, el diputado Carlos Ramos menciono brevemente algunos de los impactos ambientales del teleférico, posteriormente el diputado Alexis Ramírez le respondió desmintiendo, sin argumentos, los señalamientos hechos por Ramos y le acuso de enemigo de la economía de Mérida.

El 9 de Junio de 2012 por el Diario Frontera y por el Diario Pico Bolívar el Ministro de Turismo Alejandro Fleming, respondió a la denuncia sobre el caso del teleférico, desmintiendo sin mayores explicaciones técnicas y desviando el discurso hacia las descalificaciones político-partidistas, usando frases y términos como: “seudogrupos ecologistas” y “actores de la derecha”. Las pocas respuestas específicas sobre los aspectos ambientales fueron en torno a que el teleférico se está construyendo sobre el mismo tramo y que contara con sistemas de tratamiento de aguas servidas, por lo cual no genera grandes impactos ambientales.

El 21 de Junio de 2012 en avisos publicitarios pagados para ser publicados en los Periódicos del Estado Mérida, los representantes de organizaciones sindicales del sector de la construcción: FPT, SISOUNTRACOM, SINEITRACOM, UBT. Respondieron a las denuncias ambientales en términos similares a los del Ministro Fleming, construcción sobre el mismo tramo y plantas de tratamiento de aguas residuales, como argumentos de respeto ambiental. Así mismo no faltaron los descalificativos político partidistas como: “patrañas de un grupito que no tiene ni la mas mínima idea…”, “fascistas…”, “personas que se oponen a que el Gobierno nacional y el proceso revolucionario…”

El 26 de Junio de 2012, el Gerente del Sistema Teleférico de Mérida, José Gregorio Martínez, dejo embarcada a la gente de la Radio Comunitaria de Campo de Oro, Horizonte 106.7, en el programa la Cruel Verdad de Frank Ricciari, donde se había comprometido con una semana de anticipación a asistir para dar respuesta a las denuncias ambientales, sin embargo a través de una llamada telefónica durante el programa, el Gerente José Gregorio respondió, sin usar descalificativos ni señalamientos políticos, mediante algunas explicaciones de orden técnico, similar a lo mencionado por el Ministro: mismo tramo y plantas de tratamiento de agua. Así mismo con respecto a tema principal de la permisología, el Gerente señalo ambiguamente que ellos estaban implementado una metodología propia de inspecciones y reparaciones ambientales parciales en cada sector especifico de la obra.

El 9 de Julio de 2012 en un encuentro imprevisto en las oficinas de la Dirección regional de Inparques Mérida, el ciudadano y ecologista Ali Colmenares acudió a buscar respuesta sobre una solicitud de información relacionada con la gestión de este organismo público y fue atendió por Omar Gutiérrez, Director de Inparques, con una respuesta negativa y condicionada a múltiples requisitos burocráticos, motivado a que Colmenares está participando en las denuncias sobre el caso de los impactos ambientales del teleférico, la respuesta verbal hacia Colmenares fue con palabras en lenguaje soez y descalificativo, similares a los siguientes: para que quieres mas información para seguir echando paja por la prensa…, te responderé lo que yo quiera cuando me traigas todos los requisitos…, el teleférico es una obra emblemática de la revolución y no vamos a ponerle peros con los permisos…, aquí no vengas a creer en el cuento de la contraloría social…

Luego de transcurrido un mes de haber sacado a luz pública las denuncias de la falta de permisos ambientales en la obra del teleférico de Mérida, vemos como ningún organismo o funcionario público responsable del tema ha dado respuesta sobre lo sustancial del caso: 1. El informe de impacto ambiental, 2. El permiso de ocupación de territorio y 3. El permiso de afectación de recursos.

Las reacciones han sido de descalificación política tratando de vincular la denuncia ecologista como acciones de la oposición, pero quienes conocen la trayectoria del grupo ecologista Tatuy y de la fundación Orca, saben que no tienen ningún vínculo ideológico, político o financiero con organizaciones o partidos políticos de la oposición.

Las respuestas relacionadas con los aspectos ambientales han sido muy superficiales y no mencionan los aspectos sustanciales del caso.

Las nuevas plantas de tratamiento son un aspecto positivo pero insuficiente, ya que están construidas para una carga de 350 personas por día y el nuevo teleférico estima recibir 600 personas por día, así mismo recordemos que en la identificación de los impactos se indica que el grado de pureza de las aguas que van al ambiente es del setenta 70%, lo que representa una carga contaminante del treinta 30%, este efecto puede generar conflictos de graves consecuencias sobre los sistemas de abastecimiento de agua potable a comunidades asentadas aguas abajo.

El argumento de la construcción sobre el mismo tramo ha servido de excusa para no solicitar los debidos permisos, por lo cual es necesario recordar que incluso las más modestas remodelaciones que hagan los habitantes de un Parque Nacional a sus viviendas deben ser permisadas por Inparques. Así mismo debemos mencionar que la construcción de campamentos y depósitos de materiales alrededor de las estaciones y las torres son evidentes nuevas ocupaciones de territorio y más evidente es la nueva carretera abierta desde la posada Doña Flor hasta la tercera torre.

Finalmente con respecto a lo mencionado por José Gregorio Martínez, relacionado con las inspecciones y reparaciones ambientales parciales, no existe en la legislación venezolana otro proceso distinto al contemplado en la Constitución y la Ley Orgánica del Ambiente, La Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, La Autorización de Ocupación del Territorio y La Autorización de Afectación de Recursos. El primero es una obligación constitucional, contenido en el artículo 129; los otros son lo que se califica, en la Ley Orgánica del Ambiente, como instrumentos de Control Previo. Asimismo, los Estudios de Impacto Ambiental están normados en el decreto N° 1257. Es por todo esto que reiteramos que sin permisos no hay garantías de reparación de daños ambientales.